MINERÍA ILEGAL

La extracción de carbón, oro y otros materiales que se hace sin permisos, un trabajo que a su vez contamina sin remedio las fuentes hídricas y el aire, ya se ubica en el 44 por ciento de los municipios colombianos.

Y, como se ha extendido como un cáncer, tampoco pasa desapercibida. Esa minería 'de hecho', informal e improvisada, y que no respeta la ecología de los lugares donde se practica, está representando el 30 por ciento del total de explotaciones mineras nacionales.

Así lo pudo establecer un informe sobre el tema efectuado recientemente por la Defensoría del Pueblo en 1.010 municipios y que EL TIEMPO pudo conocer en exclusiva.

Córdoba, Boyacá, Risaralda, Quindío, Valle, Caldas y Antioquia son los departamentos con el mayor porcentaje de municipios invadidos con extracciones no legalizadas o de hecho, en la que trabajan alrededor de 15 mil familias.

"Hoy en día, la minería ilegal es la actividad humana que mayor impacto está causando sobre los recursos naturales del país", dice Vólmar Pérez, defensor del Pueblo.

Son tres los mayores inconvenientes causados por esta actividad: afectaciones medioambientales, daños a la salud de las comunidades y accidentes que dejan muertos y heridos. Todo, dice el informe, en medio de la mirada inoperante del Estado.

"El Gobierno ha propuesto tres programas de legalización, que han tenido una eficacia menor al 1 por ciento", explica el estudio. Sólo en el 2006, la Contraloría General de la República estableció que el programa de legalización costó 8.270 millones de pesos y sólo se ejecutó en cuatro contratos de explotación.

Otra dificultad es que la responsabilidad del control minero se les ha entregado a los alcaldes, una situación que desborda su capacidad presupuestal y de gestión, dice la Defensoría.

Las explotaciones de oro, carbón y materiales para la construcción, lo que más se saca del subsuelo, han permeado seis áreas protegidas públicas adscritas a Parques Nacionales Naturales. Pero, sin duda, las más perjudicadas son las zonas de páramo. En esto coincide una investigación de Guillermo Rudas, consultor del Consejo Nacional de Planeación, y revelada recientemente por la Universidad Nacional, según la cual en el 2010 habían registrados títulos mineros en 122 mil hectáreas de páramos, de los cuales se abastecen cientos de acueductos regionales. Por esta razón, 22 de las 34 grandes áreas de este tipo del país están en peligro de extinción. Igual sucede con las reservas forestales, pues de 51,5 millones de hectáreas destinadas en Colombia, en cerca de 1,3 millones hay minas.